El agro de la Región aún no paga el 25% de las patentes

Detrás del color, el gusto, el tamaño, la mayor disponibilidad en el mercado y la resistencia a anomalías de la salud y plagas de la lechuga, el tomate o el brócoli que podemos encontrar en el autoservicio se oculta una media de más de una década de desarrollo y más de un millón de euros de promedio en investigación. Las compañías obtentoras, que de año en año suministran a los productores novedosas semillas con las características que mejores éxitos alcanzan entre los consumidores, dedican en España cerca de 150 millones cada ejercicio a alimentar esa I+D, lo que equivale a mucho más de un quinto de todo cuanto generan con la venta de sus simientes. Es un esfuerzo en innovación mayor que el que efectúan ámbitos tan tecnológicamente punteros como el de la automoción, el aeroespacial, las farmacéuticas e incluso las compañías informáticas.

Solo en la Región de Murcia se estima una inversión de unos 25 millones al año pagados por las compañías privadas en la obtención de nuevas variedades agrícolas mucho más atractivas para el mercado, según la información facilitada por la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales (Anove). Esa cantidad se nutre con el pago de patentes, al que el director técnico de esta organización, Francisco Petit, considera «columna vertebral de la financiación de los programas de investigación demandados por el campo agrario de esta comunidad». No obstante, «se calcula que en la agricultura regional probablemente halla en torno a un 25% de incumplimiento en el pago de ‘royalties’», como son populares generalmente esos desembolsos amparados en el denominado derecho de propiedad intelectual.

«Por norma general, en el sur de Europa hay una falta de respeto por los derechos de propiedad intelectual», asegura Petit, aunque al tiempo asegura que en el sector «cada vez existen más concienciación» sobre estos pagos. Para ello han ayudado las campañas de mentalización; el aumento de la seguridad jurídica; la mejora del material vegetal, «por su adaptación a las pretensiones del campo agrario a un tiempo cambiante», y «la propia Administración».

Lejos de otros países

Desde la Administración regional, el directivo del Instituto Murciano de Investigación y Avance Agrario y Alimenticio de la Zona de Murcia (Imida), Víctor Serrano, dependiente de la Consejería de Agricultura, apunta que en España «el volumen de los ‘royalties’ está lejos de los de otros países de Europa, como Francia, Reino Unido y Alemania». En esto también influye el distinto modelo de negocio: no es lo mismo la utilización de semillas hortícolas que el de frutales, ejemplifica. En algunos géneros de cultivos las patentes se pagan por planta, y se amortiza a lo largo de su vida útil, con lo que «el impacto sobre el coste de producción es mínimo». Mientras que en otros, como mandarinas o ciruelas, los pagos son cada un año.

Hoy en dia, de cada cien euros de promedio que crea la explotación de un cultivo, entre 50 céntimos y un euro y medio se destina al pago de patentes, calcula Petit. Ese dinero, concreta, «se usa en el refuerzo de la investigación, el avance tecnológico y la innovación, para la obtención de novedosas variedades, la optimización de instalaciones y la contratación de personal altamente cualificado».

Cuando se advierten impagos, advierte Serrano, los infractores «denunciados por las empresas obtentoras» aceptan el «pago de sanciones y son obligados al arranque de la parcela». Antonio Villarroel, directivo general de Anove, aclara que «en ningún caso se persigue a sencillos agricultores, por el hecho de que el uso de estas semillas no está castigado por la ley», sino únicamente se sanciona a operadores o agricultores que se enriquecen ilícitamente reproduciendo y vendiendo semillas y plantas ilegales.

En todo caso, presagia Francisco Petit, «cada vez se respetarán más los derechos de propiedad intelectual, en beneficio del propio sector agrario de la Zona de Murcia», en vista de que, según la visión de Anove, la investigación ahora «se transformó en un factor clave de la competitividad agraria».

Antonio Villarroel apunta que, gracias en buena parte a la innovación vegetal que deja el pago de estas patentes, los desempeños económicos de los viñedos se han multiplicado por tres, los del olivar por cuatro y los del tomate durante más de 12. «Los aumentos de eficacia fueron espectaculares en todos los cultivos desde la década de los setenta», sintetiza Villarroel, que atribuye a «cerca del 40% de este aumento en la productividad a la mejora de las variedades vegetales». Se trata de unos resultados obtenidos en unas pocas décadas, precisa, «que los agricultores individualmente tardarían siglos en conseguir».

En este contexto, añade Petit, «la reproducción o la compra de semillas o plantas ilegales, o el reempleo de granos para siembra sin aplicar los derechos de propiedad intelectual, amenazan la investigación y comprometen el futuro de nuestra agricultura». Además, puede derivar en desenlaces deficientes y «serios perjuicios económicos al agricultor», o producir «focos de transmisión de patologías».

El próximo paso, augura Serrano, debe ver con la modificación genética de variedades, cuyo uso aún está prohibido en Europa, aunque existe un movimiento para permitir su comercialización con algunas características, «como el trigo sin gluten, por servirnos de un ejemplo». Se trata de un factor «que va a revolucionar el ámbito en el momento en que se legalice». Serrano augura, en este contexto, «una carrera en los centros de investigación y una extensión de cultivos que utilizan variedades protegidas por ‘royalties’». Ese previsible movimiento puede afectar singularmente a España, «uno de los polos mucho más esenciales de todo el mundo en obtención vegetal, sobre todo en el campo hortícola», en palabras de Villarroel, que ten en cuenta que Almería y Murcia suman veinta centros de investigación, «donde se hallan presentes casi todas las compañías que innovan en todo el mundo».